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Rechazan cierre masivo de escuelas

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) calificó de “un atentado contra la educación pública y la niñez” el anuncio del Departamento de Educación de que se propone cerrar 283 escuelas al finalizar el presente semestre escolar.

La Secretaria Julia Keleher ha dicho que el cierre permitirá un ahorro de $14 millones que servirá de alivio a la crisis fiscal que enfrenta la agencia.

La organización magisterial señala que ello contrasta con que se inviertan $17 millones “en un contrato de dudosa moralidad con la empresa Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics para implementar la enseñanza de valores en las escuelas”.

“Definitivamente el gobierno tiene las prioridades invertidas cuando cierra escuelas y usa el dinero de los niños para un programa que busca favorecer una empresa con vínculos con las estructuras de poder en Puerto Rico y que no ha mostrado resultados tangibles en contratos anteriores con la agencia”, denunció Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

Entre los efectos que tendrá este nuevo cierre de escuelas, la dirigente federada apuntó que “golpeará de manera despiadada a más de 60,000 niños y niñas que hace menos de un año vivieron los estragos de un huracán devastador y la irresponsabilidad, insensibilidad e ineficiencia del Departamento de Educación para reabrir las escuelas”. Apuntó que el daño es mayor en el caso de los estudiantes de diversidad funcional adscritos al Programa de Educación Especial.

“Los estudiantes sufrirán hacinamiento y problemas de adaptación en las escuelas receptoras que afectarán su aprovechamiento académico y el desarrollo de sus habilidades. Lanzarán a la calle a cerca de 7,000 transitorios y los educadores permanentes estarán sujetos a traslados y constantes declaratorias de excedentes. La desestabilización resultante de este atropellado proceso de ataque a la educación empujará a miles de familias a abandonar el país”, explicó Martínez Padilla.

“Las escuelas a cerrarse son principalmente las ubicadas en zonas rurales y de desventaja económica, lo que creará un problema de falta de acceso a la educación de parte de los niños de familias pobres e hijos de trabajadores. Contribuirá al aumento en la deserción escolar y, por ende, a la profundización de los problemas sociales. Las estructuras abandonadas se convertirán en estorbos públicos como ya ocurre con los planteles descartados anteriormente”, añadió.

Ya bajo la administración del ex Secretario de Educación Rafael Román, como en el primer año de la incumbencia de Julia Keleher, se han cerrado unos 340 planteles.

La Federación de Maestros aseguró que “estos cierres buscan generar ahorros para pagar la deuda con los bonistas buitres que mantienen su espada de Damocles sobre Puerto Rico y hacer de las escuelas negocios atractivos para los privatizadores”. Las empresas que adquieran la administración de las escuelas mediante el modelo chárter cobrarán al gobierno una tarifa por cada estudiante. Un plantel con muchos estudiantes les permite una mayor ganancia.

Martínez Padilla hizo un llamado urgente a las comunidades escolares a comunicarse con la Federación de Maestros para, en conjunto, establecer un plan de lucha para impedir que continúe el cierre de escuelas. Invitó a participar en la ASAMBLEA de trabajadores de la educación que anunciará el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP). “En el pasado padres, madres, maestros y estudiantes se han unido para resistir y han vencido. Tenemos la fuerza y la razón. Vamos a defender la educación pública y a derrotar la privatización,” concluyó.

Condena Denis Márquez el nuevo cierre de escuelas

Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, condenó también el cierre de las 283 escuelas anunciado recientemente por el Departamento de Educación (DE) entre las cuales identificó la clausura del treinta por ciento de escuelas Montessori.

“Con el anuncio del Departamento de Educación de la nueva ola de cierres se pone en peligro el derecho a la educación que garantiza la Constitución así como el acceso a educación pública, gratuita y apropiada que garantizados por ley. De igual forma limita sustancialmente el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano a su casa y disminuye la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes, También, incrementa la probabilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones, reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes y podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes. Sin mencionar que implicaría una crasa violación a la sentencia del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase”, manifestó Márquez Lebrón en sus primeras reacciones luego del anuncio.

Márquez Lebrón también cuestionó el supuesto proceso de consulta con las comunidades escolares que el Departamento de Educación alega haber llevado a cabo para este nuevo ciclo de cierre de escuelas.

“Tal y como ocurrió el año pasado, madres, padres y maestras de varias escuelas nos han contactado para desmentir que se les haya consultado como sostiene el DE. Desde nuestra oficina legislativa mantendremos puentes de comunicación con las comunidades escolares para colaborar con sus planes y estrategias en contra de la mutilación de nuestro sistema de educación pública con la reducción de escuelas”, expresó el líder independentista quien, además, anunció la reactivación de los legisladores municipales del PIP en todo Puerto Rico para servir de enlaces entre las comunidades y su oficina legislativa para el intercambio de información y trabajo conjunto.

Exige vistas públicas 

Relacionado al tema, el legislador independentista anunció que radicó el Proyecto 1524 con el fin de establecer el requerimiento de realizar vistas públicas para el cierre, consolidación o reorganización de planteles escolares.

“Aunque he sido claro en mi oposición al cierre de escuelas por atentar contra el derecho fundamental a la educación, con el proyecto 1524 buscamos garantizar, como mínimo, un espacio de expresión para las comunidades escolares bajo amenaza del cierre de sus centros educativos. Lo que buscamos es que las comunidades puedan tener pleno conocimiento del proceso y que sobre todo los estudiantes, razón de ser de nuestro sistema educativo, no se vean afectados y se garanticen los servicios educativos a los cuales tienen derecho. Para ello, es imprescindible insertar el proceso de vista pública a los requisitos que debe cumplir la Secretaria de Educación al momento de proponer el cierre, consolidación o reorganización de las escuelas públicas”, concluyó el también abogado.

laislaoeste@gmail.com

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