Mayagüez. Los representantes populares Jesús Manuel Ortiz y Carlos Bianchi Angleró reclamaron al gobernador Ricardo Rosselló que tome acciones concretas de inmediato para reencaminar el cumplimiento de la Policía de Puerto Rico con la reforma acordada con el Departamento de Justicia Federal y evitar una posible sindicatura federal sobre el cuerpo policiaco así como la imposición de severas multas.
Según los dirigentes del PPD, por primera vez desde que se firmó el acuerdo, hace exactamente cinco años, el gobierno está en incumplimiento craso en prácticamente todas las áreas que conforman el mismo. De paso señalaron que en el séptimo informe del monitor federal, Arnaldo Claudio, que cubre el periodo entre el 10 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018, se exponen nuevamente múltiples fallas del gobierno, siendo la creación del Departamento de Seguridad Pública, el principal obstáculo para el cumplimiento de la reforma.
“Esta administración ha sido incapaz de ejecutar las medidas necesarias que permitan cumplir con la reforma de la Policía. La llegada de Héctor Pesquera inició el fracaso en el cumplimiento de la Policía, lo que expone al gobierno de Puerto Rico a serias sanciones a partir de octubre cuando culmine la fase de capacitación y comience el monitoreo del TCA.”, expreso Ortiz.
Según los legisladores, esas sanciones incluyen la posibilidad de una sindicatura federal en la Policía y/o la imposición de considerables multas como penalidad.
“La responsabilidad total de esta caótica situación, y de las consecuencias del incumplimiento es de la actual administración. Hoy los puertorriqueños se sienten menos seguros y nuestra Policía está menos preparada y organizada para garantizar la seguridad en nuestras calles”, sentenció Ortíz González.
Según el informe, el Negociado de la Policía ha fallado en implementar medidas para la profesionalización del cuerpo, recopilación e informe de datos, supervisión y gestión, sistemas de información, manejo de quejas administrativas, entre muchas otras áreas. Además, no parece haber avances en la implementación del plan de personal requerido por el párrafo 13 del acuerdo, dirigido a vincular a la Policía con las comunidades.
“La seria crisis de liderato y los efectos negativos ocasionados por la nueva estructura del DSP han ocasionado un caos mayor en la operación de la Policía de Puerto Rico. Hoy persisten e incluso empeoran los problemas relacionados a ascensos, traslados sin justificación, horas extras cuestionables y el mal manejo de procesos disciplinarios dentro de la uniformada. El gobernador, con su indiferencia y falta de acción, ha permitido que la crisis en la Policía impida el cumplimiento con la reforma y ponga en peligro la seguridad pública pública”, indicó por su parte el representante Bianchi Angleró.
Los legisladores cuestionaron la utilización de entre $12 y $14 millones que estaban destinados para el cumplimiento con la reforma y que no se utilizaron para esos fines en el pasado presupuesto (2017-2018). Ese manejo irresponsable de los fondos evitó acciones como la compra de equipo para la unidad K-9, radios de comunicación para la fuerza policiaca y la rehabilitación de cuarteles, entre otras medidas que afectan las condiciones de trabajo de nuestros policías.
“La situación es tan critica que esta administración ha tenido que solicitar prórrogas para el cumplir con más de 30 acciones requeridas, lo que mantiene un atraso en los 11 planes de acción. El incumplimiento en áreas específicas es responsabilidad del DSP y su Secretario que se evidencia en la crisis existente en la cadena de mando, en la burocracia de la nueva estructura, la poca injerencia del Negociado de la Policía en su presupuesto y el deficiente manejo de su personal. Es momento de que el gobernador tome acción inmediata antes de que el país tenga que pagar las consecuencias de la incapacidad de su gobierno. Nuestros Policías necesitan mejores herramientas de trabajo para poder servir a nuestra gente como corresponde. El primer paso tiene que incluir sacar a la Policía del DSP y a Héctor Pesquera del manejo de la reforma”, concluyó Ortiz.
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