San Juan. Los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana, Néstor Duprey Salgado y Ana Irma Rivera Lassén refirieron al Departamento de Justicia los señalamientos realizados en torno a la compra de pruebas para la detección del COVID-19 por valor de $38 millones a una compañía vinculada al Partido Nuevo Progresista.
Según el candidato a la Cámara de Representantes por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, el proceso de contratación, así como las versión ofrecida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced están plagados de incongruencias.
“La gobernadora dijo durante la conferencia de prensa celebrada el pasado domingo que ella no tenía conocimiento de la orden de compra por treintiocho millones de dólares a la compañía APEX General Contractor. Sin embargo, la Ley 3 del 2017 la obliga a autorizar cualquier contrato de servicios profesionales o compras en exceso de $10,000.00. Eso significa que la gobernadora sabía o su entorno no cumplió con el debido proceso de ley. En cualquiera de los casos, el Departamento de Justicia debe investigar.”
Por su parte, la candidata al Senado por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, señaló que: “El pueblo de Puerto Rico está pasando por un momento de crisis sanitaria donde las desigualdades sociales hacen más fuerte y doloroso enfrentar el aislamiento impuesto si no se tienen las necesidades básicas cubiertas. La salud, la vivienda, la alimentación, la paz y la seguridad en el hogar además de derechos son, entre otras, preocupaciones de día a día de nuestra gente. Es nuestro derecho también saber quiénes buscan lucrarse con el dolor y quiénes permiten desde el gobierno que esto suceda. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de las medidas para enfrentar el COVID-19.”
Duprey Salgado destacó las similitudes con los procesos de contratación tras el paso de los huracanes Irma y María.
“Mantener una actitud de colaboración para superar esta crisis no implica dejar de hacer las preguntas necesarias. La oposición no puede claudicar a su deber de fiscalizar con seriedad. No vamos a permitir que esto se convierta en una secuela de los traqueteos durante la crisis tras los huracanes Irma y María”, concluyó el ex Secretario de la Cámara de Representantes.
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