El Capitolio. La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició este jueves la discusión de un proyecto que busca convertir en un delito grave sujeto a pena de reclusión las restricciones incluidas en la “Ley para Prohibir a los Secretarios del Depto. de Educación, Depto de Justicia, Depto de Hacienda y al Superintendente de la Policía Participar en Actividades Político-Partidistas” (Ley 178-2001).
Entre las agencias incorporadas en la Ley 178, el Departamento de Educación (DE) fue la única que abiertamente rechazó la propuesta legislativa por entender que las enmiendas son “excesivas”, dada la normativa vigente para con otros funcionarios con similares prohibiciones. En una ponencia firmada por el secretario interino Eliezer Ramos Parés, Educación indicó que tomaría en consideración la opinión del Departamento de Justicia (DJ), del inspector general y de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
“La figura del secretario de Educación, desde la perspectiva del señor Ramos, ¿debería participar de actividades político partidistas?”, cuestionó Aponte Rosario, quien preside la comisión cameral, a la ayudante especial del titular, Wandy Colón.
“No. En su postura, él no participa y reconoce la limitación que tiene para estos fines”, afirmó la portavoz, en representación de Ramos Parés.
“Si él reconoce que es loable que un secretario que ejerce política pública y que administra un presupuesto de miles de millones de dólares no participe en este tipo de evento, ¿por qué no avala que se configure un delito si viola esas prohibiciones?”, insistió el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
“Entendemos que la ley tal y como está es una justa, pero dada a las debidas consultas adicionales que se puedan hacer, nosotros avalaríamos cualquier decisión que se base en las consultas que proponemos”, reiteró la funcionaria. “Dado a mi posición cercana al secretario, yo deseo expresar que él se excluye de cualquier tema político y actividad política”.
En su defensa del jefe de Educación, Colón inclusive abogó específicamente por la administración del gobernador Pedro Pierluisi al asegurar que el mandatario cumple con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental a la hora de emitir permisos especiales para que funcionarios participen de eventos política partidistas. Sin embargo, la representante Mariana Nogales Molinelli argumentó que la medida no está dirigida al cumplimiento de un gobernante en particular, pues aplicaría a cualquier incumbente.
“Es una medida neutral. No está dirigida al gobernador Pedro Pierluisi, que usted dice que es muy prudente. Es una medida que sería de aplicación para cualquier gobernador. La actuación o la prudencia no es un ‘issue’ en este asunto”, declaró la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La comisión cameral otorgó un plazo de 10 días al DE para que entregue un listado de todas las acciones disciplinarias, si alguna, que han sido tomadas en contra de algún secretario o secretaria, tanto por la misma agencia como por algún gobernador o gobernadora. De la misma forma deberá entregar un listado de todas las acciones disciplinarias tomadas en contra de empleados de Educación, que son remitidas a la División de Asuntos Legales de la agencia.
Nogales Molinelli criticó la percepción pública de que el DE – que recibe la mayor asignación del presupuesto del gobierno – es una agencia altamente politizada.
“No es una preocupación liviana, porque cuando el criterio exclusivo de contratación de una persona o de establecimiento de política pública de un Departamento, una división, está basado exclusivamente en la afiliación político partidista, esto evita que personas con mayores capacidades, mayores facultades, vengan a ocupar esos cargos y le den una mejor dirección a un Departamento tan importante como el Departamento de Educación”, denunció la representante.
El P.C. 669 dispone que cualquier secretario a quien le aplica la Ley 178 que viole las prohibiciones en el Artículo 2 del estatuto incurrirá en delito grave y, de ser convicto, será sancionado con una multa de $10,000 y se expondrá a una pena de reclusión por un término fijo 10 años. Esta pena incluye las medidas disciplinarias de carácter administrativo, como la amonestación, suspensión o destitución del cargo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) coincidió con la recomendación de consultar la opinión de Justicia. Sobre la enmienda propuesta al Artículo 2, la agencia sombrilla – que agrupa al Negociado de la Policía y otras seis dependencias – expresó preocupación de que pudiera menoscabar el ámbito de la proporcionalidad a ser impuesta contra personas que disparen al aire, entre otras modalidades relacionadas al uso ilegal de un arma de fuego.
El Departamento de Hacienda (DH) indicó que comparte el “espíritu de la legislación” y presentó una posición igual al resto de las agencias. No obstante, recomendó que sea amonestado de la misma forma que el secretario de Hacienda cualquier funcionario que promueva la participación del jefe de la agencia en una actividad que pudiera tener alguna connotación política, sin previamente divulgarlo.
“Entendemos necesario imponer medidas más contundentes para ponerle fin a toda conducta que atente contra la confiabilidad de nuestro quehacer público y de nuestras instrumentalidades. Sin embargo, recalcamos que las medidas punitivas que se impongan o que se pretenden reforzar deben atemperarse a los escenarios que se quieren desalentar y, a su vez, deben aplicar a todas las partes que de una forma u otra contribuyan a las violaciones”, reza una ponencia firmada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.
Aponte Rosario informó durante la vista que Justicia adelantó a la comisión cameral que se abstendrá de emitir una recomendación sobre la medida tras puntualizar que la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional exclusiva de tipificar delitos. Mientras, la OEG endosó la medida al tiempo que recomendó que las prohibiciones de la Ley 178 sean aplicables a todos los jefes del gabinete del gobierno.
“Cuando el germen de la corrupción ataca, lacera la confianza de un pueblo; lacera el ánimo de crecer del pueblo; lacera el ánimo de querer progresar”, expresó el representante. “Participar de una actividad política, divertirse, coger un banderín, no es eso. Es más bien hacer una influencia indebida”.
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