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Requieren información detallada para combatir criminalidad

San Juan. Los representantes del Partido Popular Democrático, (PPD), Jesús Manuel Ortiz y Anibal Díaz Collazo, radicaron hoy una resolución para requerir a las agencias de seguridad de Puerto Rico proveer información detallada sobre informes y estadísticas relacionados al tema de la criminalidad.

“La gente vive atemorizada en sus hogares ante la ola de violencia que afecta el país. El problema de la criminalidad es complejo, y requiere de acciones concertadas, planificadas y efectivas para poder combatirla. A través de esta resolución, podremos realizar una radiografía completa del problema para identificar las causas y factores que inciden en el alza actual en la actividad delictiva. Sólo así, el gobierno tendrá las herramientas necesarias para diseñar un plan anticrimen efectivo”, afirmó el representante Ortiz, portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

La Resolución de la Cámara 822 establece que la Secretaria de Justicia, el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Comisionado de la Policía, el Secretario de Corrección y el Comisionado del Instituto de Ciencias Forenses, tendrán un término no mayor de 10 días laborables para proveer la información relacionada a estadísticas e informes sobre el tema de la criminalidad. Las agencias deberán entregar documentos y datos empíricos a la Asamblea Legislativa para facilitar el proceso de identificación de los factores que inciden en la conducta violenta , así como las cifras de monitoreo de la efectividad del plan anticrimen.

“Para poder diseñar un plan anticrimen que tenga resultados reales es necesario revisar la legislación vigente, las estadísticas de delitos, las condiciones de trabajo de los efectivos de la Policía y del personal de las agencias de orden público y, así identificar áreas a mejorar para atacar efectivamente la ola criminal. Evidentemente el Gobierno está fallando en cumplir una de sus principales responsabilidades; garantizar la seguridad de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de las leyes. He ahí la importancia de que la Asamblea Legislativa asuma un rol activo para ayudar a que con urgencia, se diseñe un plan anticrimen que tenga objetivos concretos, medibles y alcanzables”, manifestó Ortiz.

Por su parte Diaz Collazo, representante de Cayey y Cidra, añadió que “es momento de que el Gobierno tome acción y ejerza su responsabilidad de crear y ejecutar un plan anti crimen efectivo. La situación actual en Puerto Rico, más aún en los pueblos de la montaña es insostenible. Esta resolución representa un paso importante para atender este serio problema de manera responsable. El momento es ahora”.

De aprobarse la medida, el Departamento de Justicia deberá entregar la siguiente información: un desglose de los por cientos de esclarecimiento y las convicciones de casos de todos los delitos Tipo 1, un desglose de los casos de violaciones a la Ley de Armas por delitos de portación y posesión ilegal de armas de fuego, así como los delitos de apuntar con un arma de fuego y la venta ilegal de armas y municiones; y copia de los informes anuales que debe entregar el Secretario como Presidente del Comité Interagencial según dispone y requiere la Ley de Armas de Puerto Rico. Los informes requeridos deberán incluir los años 2011 al 2017.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía deberán proveer un análisis estadístico sobre la comisión de los delitos tipo 1 usando como marco de referencia los lugares, hora y fecha en que ocurrieron, y su relación con los turnos de la Policía y las regiones policiacas. Además, deberán presentar un informe sobre el número de oficiales de la Policía activos, número de retiros o de inactividad; un informe sobre el número de patrullas, helicópteros y aviones disponibles, así como el estado de la flota y los equipos. Un informe sobre la asistencia de Policías por turnos y el ausentismo en el año 2017 y copia de las tablas del registro electrónico de armas y municiones por calibre que se preparan de forma anual, desde el primer año en que se inició el registro electrónico bajo las disposiciones de la Ley de Armas del año 2000 hasta el presente. Mientras, el Secretario de Corrección deberá someter ante la Legislatura copia de todos los informes del perfil del confinado y del delincuente juvenil; un análisis de la población penal que incluya el número de confinados reincidentes y no reincidentes; y un breve informe sobre los programas de rehabilitación.

Por último, el Comisionado del Instituto de Ciencias Forenses tendrá que entregar un informe sobre el número de casos pendientes de muertes por motivo de armas de fuego, numero de exámenes de balística que se realizan y cuantos quedan pendientes, número de técnicos de balística y una descripción de las necesidades de equipo y personal más importante para lograr un aumento en el esclarecimiento de crímenes con armas de fuego.

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