San Juan. Decenas de comerciantes del Programa WIC, reclaman que la administración de ese plan de ayuda federal para atender las necesidades de nutrición de infantes y sus madres, han estado consistentemente reduciendo los pagos, afectando sus negocios.
Durante una vista celebrada por el senador Gilberto Rodríguez Valle, quien preside la Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Microempresas del Senado, el presidente de la Asociación de Comerciantes del WIC, José Díaz, denunció que la postura de la directora del Programa WIC en Puerto Rico, Dana Miró, insiste en pagar a los comerciantes por debajo del costo de los productos que distribuyen.
“Recibimos la notificación de unos precios no competitivos el 21 de abril de 2016. Los precios de góndola que la administración del programa WIC determinó imponer, no son razonables para los comerciantes WIC y luego de innumerables gestiones con Miró y otros representantes del gobierno, que tampoco han ayudado, debemos anunciar que esta postura amenaza con hacer colapsar el sistema de entrega de alimentos del que dependen sobre 157 mil personas en la isla”, denunció Díaz.
Trascendió que actualmente Puerto Rico está sujeto a un Acuerdo de Solución entre el gobierno central y el Departamento de Agricultura Federal por millonarias faltas.
Así lo dio a conocer la gerente de proyectos del Programa WIC en Puerto Rico, Martha Vargas, quien expuso que el acuerdo se establece a los efectos de que el gobierno federal rescinda de una reclamación de reembolso por $6.4 millones de dólares por costos cuestionados en evaluaciones llevadas a cabo por el Programa WIC durante los años 2011 y 2012.
“Las estipulaciones del acuerdo nos comprometen a llevar un control de costos, supervisión adecuada, procedimientos para asegurar la salud fiscal del Programa y el mejor uso de los fondos otorgados”, dijo.
Por su parte, el senador Rodríguez Valle, dijo desconocer los detalles de ese acuerdo con las autoridades federales.
“Nuestro interés primordial es escuchar ambas partes y ver la realidad de la situación que se está experimentando. Desconocíamos los detalles de ese acuerdo con las autoridades federales, pero es parte de las situaciones con las que hemos tenido que trabajar en este cuatrienio. Y estamos cumpliendo con esa labor ”, acotó el legislador.
Según datos provistos por el Programa WIC, el gobierno federal asigna $229,469,842.00 anuales en beneficios en Puerto Rico, de los que $189,182,060.00 se distribuyen en alimentos y $40,287,782.00 van para gastos administrativos.
En peligro 300 negocios
El presidente de la Asociación de Comerciantes del WIC sostuvo que “está en juego la desaparición de 300 pequeños y medianos comerciantes y 2,500 personas que irían a engrosar las filas del desempleo en Puerto Rico”.
Díaz aseguró que los miembros de la organización han hecho consultas con abogados y con el Ombudsman porque el Programa insiste en pagar por debajo de los costos, bajo el argumento de que Puerto Rico supuestamente es el territorio que más caro paga WIC.
“Ese argumento no se sostiene bajo ningún análisis. Resulta obvio que ninguna otra región de Estados Unidos tiene el yugo de la Ley de Cabotaje que nos encarece los productos, ni tienen los elevadísimos precios de la electricidad, ni otros costos asociados a la administración de nuestros negocios, que nos diferencian de las demás jurisdicciones”, dijo Díaz.
Díaz explicó que la directora del Programa WIC tampoco está tomando en consideración la cadena de distribución y costos que existe desde los distribuidores grandes del País hasta el pequeño comerciante.
En representación de la directora del Programa WIC en la Isla, Dana Miró, depuso la supervisora de control de costos y selección de comerciantes del Programa WIC en Puerto Rico, Kariela Rivera Bustelo, quien sostuvo que “el Programa se circunscribe a proveerles una autorización a aquellos comercios que cumplan con los requisitos federales establecidos y que ya se dedican a la venta de alimentos al detal”.
Libre competencia
Por su parte, el economista Antonio Rosado, apuntó a que “en una economía como la nuestra, cada vez la competencia es más fuerte y como consecuencia los precios van a bajar y el gobierno federal lo que quiere es controlar sus costos. Y las reglas establecidas exigen precios competitivos. Cada vez es más difícil competir con un negocio que más del 50% de sus ingresos son del Programa WIC. La sugerencia que se le hace a ese modelo es que amplíen sus servicios, entrando al Programa PAN, constituyendo cooperativas para ir en grupo a comprar ante los suplidores y bajar sus costos”.
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