Por One Red Media
La Defensoría de Derechos Carcelarios hizo un llamado al Gobierno de Puerto Rico a reevaluar las medidas estratégicas de trasladar confinados al exterior, por entender que ello no garantiza que se le brinden los servicios a los reclusos como corresponde.
Dallie Cruz Ruiz, defensora de derechos carcelarios en Puerto Rico, manifestó que el traslado de los presos a instituciones carcelarias en el Estados Unidos continental, abre la puerta para que los derechos de los confinados sean violentados, toda vez que allá la Defensoría no podrá brindarles asistencia ni escuchar sus necesidades y preocupaciones.
“Este es el segundo intento de realizar un movimiento como este, que bien saben que no fue efectivo. Al contrario, los tratos fueron inadecuados, y las promesas de mejorar los programas fueron una falacia, una utopía”, expresó Cruz Ruiz en declaraciones escritas al tiempo en que emplazó al Secretario de Corrección, Erik Rolón, a dar a conocer el plan que tiene –si alguno- para que los familiares puedan viajar fuera de Puerto Rico, “ya que indica que se podrán integrar”, acotó. “Nos causa la interrogante si es que el Departamento de Corrección costeara los boletos de avión. Porque bien saben, que contamos con familias de escasos recursos que hacen lo impredecible por allegarse a las instituciones penales”, puntualizó la Defensora.
Cruz Ruiz destacó que los aspectos que afectan a los confinados con estos traslados, podrían ser: discrimen, barrera lingüística, y carencia económica familiar y de programas de rehabilitación cónsonos con las necesidades de los trasladados.
“Lo pintan bien bonito, para que el confinado decida irse, (pero) todo cambia cuando llegan allá. Le dan un papel, que ni leen, porque la presión de que hay que devolverlo a la celda es consecuente”, añadió.
Cruz Ruiz insistió en que gran parte de la población penal no es escuchada, por lo que sus derechos están siendo objeto de violaciones continuas.
“Los mismos oficiales custodios están en contra de la medida, porque Corrección indica que serán trasladados a otras instituciones para optimizar servicios, pero bien sabemos que no es así. Están realizando procesos de subasta, como si fuéramos comercio humano, al cual somos vendidos al mejor postor”, sentenció la Defensora de Derechos Carcelarios. “No conocemos los detalles de cómo será la voluntariedad, cuando sabemos el modo de operar de la Agencia”, dijo.
La Defensora señaló que “es ilegal que muevan reclusos a otras jurisdicciones, cuando fueron sentenciados en la jurisdicción estatal (Puerto Rico). Si fuese que nos garantizan que el confinado podrá irse a la institución más cercana -en cuyos casos sus familiares estén en Estados Unidos- menos mal. Pero no, solo es mover confinados para ahorrar, ahorrar, para continuar otorgando contratos a individuos que no conocen cómo trabajar con la población penal”, manifestó.
Cruz Ruiz insistió en que el DCR debe aprender a escuchar recomendaciones y a tomar en consideración a los familiares de los confinados. Cuestionó a su vez el costo por confinado –que dicen es de $200 per diem- “pero nosotros no sabemos qué institución es”, acotó. “Porque nosotros somos los que tenemos que costear la mayoría de los artículos que poseen los reclusos. El servicio de alimentos es pobre, los servicios médicos no son ofrecidos de acuerdo a las condiciones presentadas. Entonces, ¿qué institución eleva el costo por día?”, cuestionó la Defensora.
Cruz Ruiz recomienda, que si el DCR desea reducir los costos operativos, comience a evaluar por la Junta Libertad Bajo Palabra a esos confinados que cumplen con los requisitos. “A esos que llevan más de dos décadas confinados. Existen variedad de alternativas y reducen las cifras de confinamiento”, acotó.
De otra parte, la criminalista estimó que el dinero que se ahorra el DCR tendrá que ser utilizado por la agencia para costear los gastos de los empleados penales que viajen periódicamente fuera de la Isla a conocer los ajustes de cada miembro de la población correccional.
“Exhortamos al Departamento de Corrección y Rehabilitación a realizar un proceso transparente y justo. Ya que por el simple hecho de que muestren el proceso de propuesta de subasta, no representa que nosotros conoceremos la verdad. Invocamos todos nuestros derechos y la legítima defensa de éstos. Licenciado Rolón Suárez, esto es una bomba de tiempo. No más atropellos”, concluyó diciendo la Defensora de Derechos Carcelarios.
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