El Capitolio. En Sesión Ordinaria, el alto cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1084 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez a los fines de establecer un nuevo protocolo para el manejo de las escuelas cerradas o a cerrarse y que sus estructuras puedan ser utilizadas de manera segura para beneficio de la comunidad donde estén ubicadas a través de un proceso transparente.
La pieza legislativa establece enmiendas a la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas. “Esta Asamblea Legislativa pretende, a través de esta medida, promover las herramientas necesarias para que las comunidades puedan reutilizar los edificios cerrados que fueron utilizados como escuelas, a través de un proceso seguro/ participativo, transparente, ágil y garantizando que estos espacios se utilicen para fines de gran interés público”, destaca la medida.
De igual manera, el proyecto señala que desde el año 2007, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad de las escuelas públicas del País. A pesar de que la condición actual de las escuelas cerradas varía, la mayoría se encuentran en desuso y muchas de ellas en mal estado. “Los planteles cerrados constituyen un recurso sin igual, por lo que deben ser reactivados a través de procesos de planificación de base comunitaria verdaderamente participativos, que cuenten con el apoyo continuo del aparato gubernamental”, establece la medida.
“Aun estando bajo la responsabilidad del Gobierno. El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) y la Universidad de Berkeley (UCB) publicaron un informe en el año 2020, donde se releva que, de una muestra de 119 escuelas, unas treinta (25 por ciento) están siendo reutilizadas, ochenta y dos (69%) están en desuso o abandonadas y no fue posible hacer una determinación en siete (6%) de los casos. De las ochenta y dos escuelas en desuso o abandonadas, se encontró que cincuenta y nueve (41%) han sufrido algún grado de dilapidación, robo, daño, contaminación o problema sanitario y de seguridad”, expone la medida.
También, sobre el tema de educación, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 410 de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. La medida busca ordenar al Departamento de Educación permitir la comparecencia, en las reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial de las especialistas que realizan las evaluaciones que servirán como base para la configuración del Programa Educativo Individualizado. Del estudiantado del Programa de Educación Especial sin que se restrinja su participación a través de trámites burocráticos innecesarios u otros subterfugios.
Ademas, fue aprobado el Proyecto del Senado 1166 de la autoría del senador del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, para enmendar la Ley de Travesías de Puerto Rico a los fines de atemperar sus disposiciones al estado de derecho vigente en cuanto a los límites de responsabilidades de los municipios en accidentes que ocurran en carreteras o aceras públicas.
“En el año 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 143-2019, para enmendar la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico con el propósito de proveer a los municipios protección contra acciones por daños y perjuicios por accidentes que ocurren en carreteras y aceras del estado”, sostiene la medida. Añade que, de esta manera, en caso de presentarse cualquier reclamación en los tribunales contra un municipio por accidentes en carreteras o aceras del estado, no existirán disposiciones de ley que puedan interpretarse como contradictorias.
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