El Capitolio. La Comisión de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico que preside la senadora Zoé Laboy Alvarado, realizó una vista pública sobre el Proyecto del Senado 374 de la autoría de la senadora de la minoría popular, Rossana López León.
En el caso del P del S 374 se pretende enmendar la Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMes a los fines de procurar que las empresas que hayan suscrito un acuerdo de Creación o Retención de Empleos continúen operando en Puerto Rico una vez culminado el término de vigencia del mismo.
Empresarios por Puerto Rico, organización sin fines de lucro, que representa renglones empresariales diversos y de todos los tamaños, y que poseen en conglomerado un volumen de venta de más de $4 mil millones, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local, según su ponencia escrita, coincide con la exposición de motivos del Proyecto del Senado 374 en torno a que la fuerza económica de la Isla está sustentada en la pequeña y mediana empresa y que son estas empresas PyMes quienes generan más del 80% de los empleos a tiempo completo y sostienen la economía del País.
Aun así, la organización realizó varias recomendaciones en las que se encuentran, según detalló, la licenciada Agnes Martínez, quien acudió a la vista en representación de la presidenta Enid Monge, que en cuanto al requisito de permanencia en Puerto Rico se disponga que en aquellos casos en que una PyMe elegible opere con pérdidas operacionales y que sean el resultado de imposiciones nuevas establecidas en ley o regulatorias, o sea el resultado de una competencia desleal, se ofrezca deferencia a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCEPR) para que evalúe las circunstancias caso a caso.
Además reseñaron que en aras de garantizar la continuidad y efectividad de esta medida en caso de que se convirtiera en ley la misma no establece un término de expiración de vigencia, disponiendo que la CCEPR requiera informes a la PyMes participantes con el objetivo de fiscalizar su cumplimiento cabal.
Por su parte Industriales de Puerto Rico recomendaron cambiar el enfoque de la medida para que este dirigido a lograr que las empresas prosperen económicamente, aumentar sus ingresos y que esto a su vez les permitirá generar más empleos. “La operación de una empresa pequeña o mediana genera empleos, lo cual repercute en un inevitable impacto en la economía y el Gobierno recibe un retorno por la inversión. Pero la única forma de garantizar la permanencia de la empresa y por ende los empleos, es su éxito económico o financiero”, reza la ponencia.
Mientras, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en ponencia escrita suscrita y autorizada por su Secretario Javier Rivera Aquino, no recomienda la aprobación de la medida, ya que según establece, se estaría aumentando significativamente de facto, la tasa contributiva especial dispuesta en la Ley 120-2014, en la medida en que obligamos a los negocios a permanecer en Puerto Rico luego de la vigencia del decreto, so pena de eliminar la exención contributiva retroactivamente.
De paso la Compañía de Comercio y Exportación también se opuso a la medida por razones similares al DDEC en cuanto a obligar a las empresas a quedarse en Puerto Rico una vez expire el acuerdo de Creación o Retención de Empleos, ya que son muchas las circunstancias que pueden incidir en el cese de operaciones de ese determinado negocio.
La Comisión de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico también evalúo el Proyecto del Senado 376 de la autoría de la senadora Rossana López para enmendar la Ley para fomentar la Exportación de Servicios a los fines de fomentar la contratación de empleados residentes de Puerto Rico; procurar que los negocios continúen operando en Puerto Rico una vez culminado el decreto; otorgar los recursos necesarios para preparar equipos de promoción especializados que atraigan inversionistas de alto impacto económico; propiciar el retorno de la diáspora y para otros fines relacionados.
La organización Empresarios por Puerto Rico apoya esta medida. Por su parte, Industriales por Puerto Rico sugiere a la Asamblea Legislativa que trabaje la misma en conjunto con el Ejecutivo entendiendo que hay medidas aprobadas que atienden o alteran de alguna forma el enfoque de esta medida. Mientras que, el DDEC se opone por entender que lo propuesto por el Proyecto es inconsistente con la política pública de este Gobierno y de manera similar se expresó la CCEPR.
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