El Capitolio. Tras aprobarse la eliminación de la Comisión de Auditoría de la Deuda, el Senado aprobó ayer una medida que exigirá al Contralor General de los Estados Unidos que cumpla con las disposiciones contenida en la Ley Promesa y así someter al Congreso Federal un informe de auditoría de la deuda pública del territorio de Puerto Rico.
El senador Larry Seilhamer, autor de la medida, enfatizó que “no hay necesidad de usar fondos públicos cuando hay un mandato para que el Contralor Federal lo haga”.
La medida tuvo 15 votos a favor, incluido el del senador del Partido Popular Democrático, José Nadal Power.
Por su parte, la senadora Rossana López León reaccionó al anuncio de la Junta de Control Fiscal, de que iniciará una «auditoría forense» de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
«Es el cabro velando las lechugas. Que la Junta de Supervisión Fiscal audite la deuda no huele bien, porque algunos de sus miembros son responsables de gran parte de esta. Por otra parte, estarían ellos mismos en capacidad de presentar u ocultar documentos útiles para una investigación seria, que nos guíen a conclusiones o la adjudicación de responsabilidades eventualmente», afirmó Rossana López León en declaraciones escritas.
La senadora recordó el informe de la organización fiscalizadora Hedge Clippers que demostró la creación de Santander Securities bajo la administración de Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista. La organización, creada por los integrantes de la JSF Carlos García y José Ramón González, tuvo un rol significativo como suscribiente de emisiones que totalizan sobre $61 mil millones, de los cuales más de $1,000 millones se les pagaron por concepto de cargos a Santander y otros bancos.
«Considerando que dos de sus miembros tienen parte en el 80% de la deuda emitida, según Hedge Clippers, la JSF debe desistir de auditar la deuda y dejar ese esfuerzo a una entidad que no tenga intereses representados en el mercado de los bonos, los seguros o los recaudos de organizaciones políticas, porque carece de credibilidad y pone en riesgo la evidencia que pudiera producirse», sentenció Rossana López León.
En su conclusión, el informe apunta a que Santander Securities como uno de los responsables de la potencial quiebra del Gobierno de Puerto Rico, le exige el reembolso de todos los cargos y descuentos que recibió del gobierno y recomienda la renuncia de José Ramón González y Carlos García a la Junta de Control Fiscal.
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