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Senador denunció conflictos de interés de la empresa McKinsey mientras asesoraba a la JCF

Rafael Bernabe (Suministrada)

San Juan. En la sesión legislativa de ayer, lunes, el senador Rafael Bernabe tronó en contra de los conflictos de interés entre la Junta de Control Fiscal y una de sus asesoras, McKinsey & Co. A estos efectos, Bernabe citó un reportaje del Wall Street Journal, publicado el 27 de junio de 2022, en el que se demuestra que McKinsey & Co., una corporación que ofrece servicios de asesoría a gobiernos y corporaciones a nivel global, y que se ha dado a conocer en Puerto Rico por asesorar a la Junta de Control Fiscal (JCF), se ha beneficiado de contratos aprobados en Puerto Rico por su cliente, la JCF.Evidentemente, McKinsey & Co. contrata y opera muy a pesar de este claro conflicto de interés.

En 2018, mientras esta corporación asesoraba a la JCF, se reveló que la división de inversiones de McKinsey, conocida como MIO Partners, era dueña de bonos de Puerto Rico. En otras palabras, McKinsey asesoraba a la JCF sobre reestructuración de los bonos de Puerto Rico, a la vez que era dueña de parte de estos bonos.

Según el reportaje, en el 2019 McKinsey incluso aceptó pagar una multa de 18 millones de dólares a la U.S. Securities and Exchange Commission por no haber tomado las medidas pertinentes para evitar este conflicto de interés.

En enero de este año, el presidente Biden firmó la Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act que obliga a empresas como McKinsey a divulgar cualquier inversión o cualquier vínculo que pudiera representar un conflicto de interés en su relación con la Junta de Control Fiscal. Como resultado de esa legislación, se reveló que McKinsey mantenía vínculos con una serie de empresas que recientemente habían logrado contratos con el gobierno de Puerto Rico, asesorado por la Junta de Control Fiscal. 

Entre las empresas vinculadas con McKinsey están las siguientes:

  • Quanta Services, la propietaria de Luma Energy con un contrato de 100 millones de dólares anuales con el gobierno de Puerto Rico;
  • Molina Healthcare y la empresa Manpower Group con un contrato de 250 millones para servicios de Salud en Puerto Rico;
  • Puma Energy Caribe LLC con un contrato de dos mil millones de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica para proveer combustible;
  • Naturgy Energy Group SA, empresa matriz de Ecoeléctrica LP, cuyos contratos suman nueve mil millones de dólares;
  • Soft Bank Group Corporation, dueña de New Fortress, que tiene un contrato de 1.5 mil millones de dólares para la conversión de generación a base de combustible a la generación a base de gas natural.

El senador Rafael Bernabe se indignó al conocer esta información: “Es un ejemplo perfecto y un retrato terrible que provee este reportaje de Wall Street Journal de los buitres que han descendido sobre Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal que nos representa, las firmas consultoras que los asesoran y las empresas que se benefician. Queda clarísimo que estos que nos predican a nosotros transparencia y que dicen ser expertos en finanzas realmente representan unos intereses muy específicos que quieren enriquecerse a costa de nuestro pueblo. Mientras impulsan una agenda política y económica muy particular que es la agenda neoliberal.”

La empresa McKinsey también ha diseñado la reorganización de las finanzas y la restructuración de la Universidad de Puerto Rico según órdenes de la Junta de Control Fiscal. “Esto es algo que debemos decidir en Puerto Rico, nadie designó a McKinsey como la que debe diseñar lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico”, expresó Bernabe, “y desgraciadamente, el presupuesto que vamos a considerar en algún momento durante esta sesión está precisamente diseñado por esta Junta de Control Fiscal, ajustándose a estos intereses a pesar de los esfuerzos que algunos legisladores aquí hacen para tratar de evitar el mayor daño posible de estas medidas. Así que volvemos a confirmar lo que hemos dicho muchas veces sobre la Junta y continuaremos la lucha contra las políticas de esta institución nefasta y de los intereses que representa que son contrarios a los de nuestro pueblo.”

El senador añadió que “la jueza Taylor Swain ha ignorado y pasado por alto las alegaciones contra McKinsey…Esto debe terminar. Esta empresa no debe ser quien tenga en sus manos aspectos esenciales del futuro de Puerto Rico”.

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