Por Ian M. Acevedo Colón
Mayagüez. A pesar de violaciones sustanciales a leyes federales para la protección y el cuidado animal, la fiscalía federal y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) determinaron este miércoles, no proceder con acciones judiciales a raíz del cierre del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A Rivero en Mayagüez y sus circunstancias.
El acuerdo, que se produjo tras una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a las instalaciones del parque; y repetidos señalamientos por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), oficializó además el traslado de las especies remanentes del parque a santuarios en los Estados Unidos.
“Este es un asunto de la institución y recursos, no de una persona. Este acuerdo llegó porque hemos estado en comunicación y colaboración para llegar a un resultado que tiene como meta más importante el bienestar de los animales”, afirmó en conferencia de prensa el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.
Entre las ofensas enumeradas dentro del documento de trece páginas se encuentra multitud de infracciones al Animal Welfare Act de 1966 (AWA), ordenamiento que, según el Departamento de Agricultura federal, establece que se le debe proporcionar “alojamiento, saneamiento, nutrición, agua y atención veterinaria adecuada” a animales utilizados bajos fines regulados, como lo fueron aquellos que habitan el zoológico. Tales violaciones incluyen:
- Un episodio en 2014 en el cual un puma, un coatí y un babuino fueron sacrificados por no estar “aptos para exhibición”
- Varios venados que fueron sacrificados al cortarles la yugular, un “método inaceptable de eutanasia”, y cuyos restos fueron dados como comida a los leones
- El traslado de tigres cachorros recién nacidos de sus hábitats sin aviso previo, lo que llevó al rechazo por su madre y sus muertes eventuales
- Un león cuyas heridas faciales en carne viva servían como descanso para moscas
- Infestaciones contínuas de cucarachas y ratas que no había sido atendidas ya que el servicio de fumigación suspendió su servicio por falta de pago
Dada la cooperación de las autoridades locales, según las condiciones del acuerdo, justicia federal asegura no emprenderá acciones legales en contra del DRNA, sus oficiales, empleados y contratistas debido a violaciones tanto al AWA como a extensos reglamentos adicionales.
Entre 2017 y 2018, procede a mencionar el informe, un comité ejecutivo asignado por la oficina del gobernador comunicaron “preocupaciones numerosas” sobre el estado de los animales, entre los cuales figuraron reportes sobre un canguro anoréxico y envenenado por el descuido de su hábitat, un rinoceronte alimentado inadecuadamente con carne de caballo y Mundi, quien presentaba síntomas de artritis debido al descuido de su hábitat. En adición, más de 120 animales requerían exámenes médicos, vacunas y/o anticonceptivos.
El parque mantenía en cautividad a especies como las águilas calvas y doradas, cuyos manejos requieren permisos especializados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, en inglés), años después de que tales permisos expiraran.
Para el tiempo de su cierre, el parque tampoco contaba con refrigerios, un veterinario a tiempo completo ni equipo para el trato médico de animales grandes. De los seis empleados del cuerpo de cuidado que restaban, habitualmente compraban provisiones con su propio sueldo. La planta que trataba el agua del parque, según narra, se encontraba fuera de servicio desde 2017.
“Las consecuencias [del cierre] son que estamos trabajando juntos para el bienestar de los animales. No creo que haya nada más importante que esto,” añadió Muldrow.
Ian M. Acevedo Colón
Periodista independiente. Egresado de la UPR Río Piedras con estudios en ciencias políticas y B.A. en Información y Periodismo.
