Por Víctor Manuel Vázquez Domenech / Para La Isla Oeste
Aguadilla. La Sala 403 del Tribunal Superior de Aguadilla se quedó pequeña.
Gran cantidad de personas dijo presente hoy en la vista de seguimiento sobre el Interdicto Preliminar y Permanente que busca la paralización de la construcción del camino del proyecto turístico Christopher Columbus Landing Resort propuesto en el sector Playuela del barrio Borinquén de Aguadilla.
El recurso legal fue solicitado por la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste Inc, quienes fueron apoyados por vecinos de Aguadilla. Sin embargo, también el grupo de personas a favor del proyecto asistió a la sala judicial, identificados con camisetas blancas y letras azules en apoyo al desarrollo del lugar.
El pasado 17 de febrero, la jueza Miriam Santiago Guzmán, declaró no ha lugar la moción y citó las partes para el 27 de febrero. Empero, la parte demandada, en esta fecha, no compareció al tribunal porque no había podido ser emplazada, según se informó en sala. Debido a esta situación, la jueza emitió una orden para emplazamiento por edicto para el día de hoy 17 de marzo con el propósito de aclarar la situación de los endosos y los permisos.
En representación de la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste y otros grupos de interés, estuvieron presentes los licenciados Omar Saadé, Allan X. Pulliza, Verónica González, y Vanessa Rafols quienes solicitaron como remedio al tribunal que invalide el permiso de urbanización que otorgó el Municipio de Aguadilla.
Mientras que los licenciados Milagros E. Rijos Ramos y Elvin Hernández Salgado, representaron legalmente a la compañía Caribbean Managment Group, Inc. (CMG) quienes presentaron una moción desestimación a lo solicitado por los demandantes. El grupo de abogados fue acompañado por el ingeniero Ángel D. Rodríguez Quiñones. Alegaron que el tribunal no tiene jurisdicción para determinar alguna desestimación del proyecto pues eso está contemplado en la Ley de Permisos.
Hernández Salgado planteó que la Ley de Permisos es la que establece específicamente los términos para apelar las decisiones y los procesos subsiguientes de alguna parte entender que se está violentando algún procedimiento. Añadió que ya los demandantes recurrieron a ese recurso, pero como no les gustó lo que se decidió administrativamente, ahora acuden ante el tribunal.
EI representante legal de CMG indicó que otros aspectos que se traten de discutir fuera del permiso otorgado por el Municipio de Aguadilla, no tienen jurisdicción del tribunal tampoco pues, según éste, violentarían los procesos que ya fueron adjudicados como finales, firmes e inapelables. Mencionó que si fuera así, por qué no se ha citado a la Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Gerencia de Permisos.
Como representación legal del Municipio Autónomo de Aguadilla asistió el licenciado Luis Sánchez Mercado ya que el ayuntamiento es parte en esta demanda pues aprobó una fase, que es en el camino interior, aunque solamente para urbanizar el área de cinco cuerdas, para trazar la carretera e Infraestructura básica como postes y pluviales, según explicó el abogado en la vista anterior.
En la vista de hoy Sánchez Mercado reiteró la posición inicial del municipio ante la otorgación del permiso para la construcción de la carretera interior. Recalcó que la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla tiene la facultad de vigilar y fiscalizar para que los procedimientos se realicen correctamente y según le fueron solicitados.
Según los demandantes, los permisos otorgados por el Municipio de Aguadilla autorizan trabajos no contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, según fue aprobada por la Junta de Calidad Ambiental. Para estos, los movimientos de terreno y excavación son ilegales. En consecuencia, según explicaron, es necesario que el proponente prepare un Declaración de Impacto Ambiental (DIA) enmendada o nueva que evalúe los cambios. Además, argumentaron que los permisos llevan más de 20 años de otorgados, por lo que están obsoletos.
La licenciada González puntualizó que el tribunal tiene jurisdicción para determinar la solicitud de desestimación en la construcción del camino basado en la Ley de Municipios Autónomos. Además, alegan incumplimiento en la Ley de Política Pública Ambiental por el daño al medio ambiente que genera esta construcción en el área de Playuela.
Por otro lado, el licenciado Saadé cuestionó la argumentación de los abogados de Caribbean Managment Group (CMG) por lo que solicitó a la juez que se le permitiera presentar prueba para que se vea cómo CMG pretende hacer un proyecto que es distinto a las autorizaciones que se emitieron durante el proceso de planificación.
La jueza Santiago Guzmán denegó la solicitud del licenciado Saadé por entender que primeramente se debe resolver el asunto jurisdiccional. Indicó que no entrará a ver prueba alguna hasta que se resuelva si hay jurisdicción o no, pese a la insistencia de la representación legal de los demandantes.
Santiago Guzmán determinó otorgar cinco días para que las partes, incluyendo el Municipio de Aguadilla, expresen su posición por escrito en cuanto a la moción de desestimación. Después del tribunal recibir esta posiciones, se lo otorgará cinco días para replicar. La jueza resolverá e emitirá la decisión por escrito.
Reacciones a la salida de la sala
El licenciado Luis Sánchez Mercado, representante legal del Municipio de Aguadilla, se reiteró en el permiso otorgado por el municipio e indicó: “no solo nos reiteramos, estamos vigilantes, porque nuestra función es proteger a todas las partes. Si no cumplen, no cumplen. Nuestros técnicos están yendo, la semana pasada fueron, y estamos en supervisión porque los proyectos de construcción tienen que continuar…”
“Voy a solicitar… voy a discutirlo porque me gustaría someter alguna moción dispositiva porque entiendo que este no es el foro. Los trámites subsiguientes nunca se revisan. Se revisan las consultas de ubicación; expreso Sánchez Mercado al ser cuestionado a si se acogería a presentar por escrito alguna argumentación en los 5 días que dispuso la jueza.
Por otro lado, el licenciado Elvin Hernández, explicó que en el día de ayer presentaron una moción de desestimación por entender que el tribunal no tiene jurisdicción. “La juez otorgó un término para que contesten y repliquen a esa desestimación y ella lo va a resolver por escrito”, explicó.
“Realmente es que no estamos discutiendo ese tema. Lo que estamos discutiendo solamente es el permiso del Municipio, como muy bien aclaró la juez. Así que no hay más comentarios”, respondió el licenciado al ser cuestionado sobre el asunto de los permisos.
Por su parte, la voz de Rafael Boglio, residente del sector Playuela, retumbaba en el pasillo, comúnmente silente, del tribunal. “Si la justicia no la encontráramos aquí, la vamos a encontrar en la calle como se encontró en Peñuelas”. Boglio se reiteró en realizar actos de desobediencia civil. “Si la defensa civil requiere que nosotros tengamos que ir, a donde tengamos que ir, para defender una injusticia como esta; lo vamos a hacer”.
De otro lado, el licenciado Omar Saadé, aceptó que la moción de desestimación que presentó la representación legal de Caribben Managment Group los tomó por sorpresa.
“La pretensión de la demandada es bien irrazonable ¿por qué?, porque se acudió aquí primero al Municipio para que se atendieran los reclamos y la confusión principal del Municipio fue que en cuanto a la mayoría de los reclamos y a los planteamientos; no tenía jurisdicción. Entonces, ¿en qué quedamos? El Municipio se niega a atender los reclamos y ahora CMG plantea que el tribunal no tiene jurisdicción”, detalló Omar Saadé, abogado de la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste.
“Pero lo importante es que todo esto son esfuerzos de la comunidad para que alguien atienda sus reclamos. De concederse el reclamo de CMG, ¿cuál es el efecto práctico? El efecto práctico es que ni el foro administrativo ni el judicial van a atender los reclamos de invalidez de los permisos, de la burla que aquí se ha hecho de planificar un proyecto y ahora intentar construir otro. Así que en ese sentido el efecto práctico será detrimental para la comunidad y para la Liga Ecológica” añadió Saadé.
En las afueras del Tribunal
Mientras desde tempranas horas de la mañana en las afueras del tribunal, un grupo de manifestantes que se oponen al desarrollo de esta construcción el área de Playuela, se manifestaron y continuaron denunciando lo que consideran es un atropello con daño irreparable contra la naturaleza del lugar.
Desde el mes de febrero unas 18 personas han sido arrestadas por actos de desobediencia civil en el área donde, desde noviembre de 2016, se estableció un campamento de resistencia en contra de la construcción.