Ponce. La aspirante a la Cámara de Representante por el Distrito 25, Marlese Sifre junto a los aspirantes por acumulación Carlos Javier Sánchez, Enid Monge, Pedro Irene Maymí y Ángel Rodríguez solicitaron investigar a las legisladoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) Maricarmen Mas y Jackeline Rodríguez por su alegada participación en el mal manejo de ayudas destinadas a damnificados en el sur, que es objeto de uno de los referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para la Gobernadora.
“Aunque han pasado debajo del radar de las autoridades, las representantes Rodríguez y Mas, aparentemente formaron parte de la logística del Departamento de la Familia para la entrega de suministros en el sur, que fueron utilizada para fines político partidistas. Al igual que la Gobernadora Vázquez Garced, también deben ser investigadas por violaciones a la ley federal 18 U.S. Code § 598 de Coercion by Means of Relief Appropriations”, expresaron los líderes populares.
Marlese Sifre explicó que esta ley federal prohíbe que se interfiera con ayudas, alivios o incentivos de recursos federales para persuadir o incidir de alguna forma en el voto del elector. “Estas funcionarias fueron cómplices del manejo ilegal de las ayudas repartidas después de los terremotos de inicios de año y colocaron en peligro las ayudas para los damnificados”, abundó.
Sifre además indicó que “las representantes también violentaron el Hatch Act, que restringe la actividad política de las personas empleadas principalmente por agencias ejecutivas estatales, del Distrito de Columbia o locales y que trabajan con programas financiados por préstamos o subvenciones federales”.
“Es cuestionable que el Departamento de la Familia no girara su investigación interna hacia las legisladoras Rodríguez del Distrito de Ponce y Mas del Distrito de Mayagüez, quienes también participaron de las diferentes actividades para repartir alimentos en el sur. El simple hecho de que estas violentaran los procedimientos de distribución de alimentos establecidas en el Título 7 CFR § 251 de la Regulación Federal del Programa TEFAP que prohíbe las actividades políticas o la participación de candidatos políticos durante las distribuciones de alimentos, merece la intervención inmediata de las autoridades federales”, aseguró la aspirante ponceña.
En el caso de la representante Jackeline Rodríguez, Sifre constató que “existen fotos públicas que ubican a la legisladora en entregando alimentos en el Residencial La Ceiba en Ponce, diversas comunidades ponceñas y juanadinas junto a personal del Departamento de la Familia”. “No quiero pensar que Rodríguez está siendo protegida por el mero hecho de apoyar abiertamente la candidatura del licenciado Pedro Pierluisi. El récord está ahí, ella fue una de las que se abstuvo en la votación de Pierluisi como gobernador por haber sido parte de su equipo de campaña electoral y ahora, sospechosamente, no ha sido investigada”, manifestó.
Los líderes populares dijeron que, “al igual que le fue solicitado al jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, iniciar una pesquisa en contra de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ellos buscan que se incluya a las dos representantes del PNP como parte de las investigaciones sobre el uso de la ayuda federal para los damnificados de los terremotos en enero para beneficio político”. “Todos los que utilizaron la repartición de alimentos y se aprovecharon del dolor de la gente para beneficiarse políticamente tienen que ser investigados y referidos a las autoridades concernientes”, concluyeron.
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