Tienen que demoler y restaurar

En Campamento Carey de Rincón aseguran que velarán por que se cumple la ley

Por Víctor Manuel Vázquez Domenech / Para La Isla Oeste

Como un triunfo para el pueblo de Puerto Rico catalogó el Campamento Carey de Rincón la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se avala a su vez la determinación del Tribunal de Apelativo, relacionado a la demolición de la estructura de una piscina que se pretendía construir en la Condominio Sol y Playa de este pueblo costero del Oeste.

“Después de tres apelaciones finalmente el Supremo acaba de dictaminar que la orden del Apelativo es la correcta de que ellos tienen que demoler y restaurar”; explicó en entrevista con La Isla Oeste, Marisol Torruella, una de las portavoces del Campamento Carey de Rincón.

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Torruella abundó que se le había concedido 120 días desde febrero 14 de abril de 2022 para limpiar todo incluyendo 60 pies del cemento que enterraron en el area y el acero.

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“Tienen que sacar todo eso y yo espero que eso no sea con instrumento (recursos) públicos sino que sea todo privado como ellos lo hicieron y paguen por todo el daño que hicieron a esta hábitat”; agregó Torruella.

Reiteró que están convencidos de que verdad y la justicia están con ellos. “Es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico”; exclamó.

Según explicó Torruella, el Campamento Carey permanecerá en el lugar para que se haga cumplir la orden judicial de demolición y Restauración en esta área de la playa Rincoeña.

“Ellos se han reiterado que no quieren demoler ni restaurar. Ellos están en rebeldía desde el día uno. Así que no nos sorprendería ninguna artimaña de estas personas por lo tanto nosotros vamos a permanecer en el Campamento Carey ahí donde estamos hasta que la obra se concluya. Nosotros vamos a estar velando que se haga cumplir la ley”; subrayó la portavoz.

Mencionó que espera que ahora la Policía se haya dado cuenta de la injusticia que cometieron allí con los manifestantes y que estén allí ahora para que se cumpla con la ley.

“Definitivamente esto tiene que sentar un precedente. Cada uno de los puertorriqueños somos responsables, de ahora en adelante, porque ya tenemos la ley de nuestra parte, para que cada vez que se vea una construcción ilegal, ya sea en Luquillo, en Salinas, en Cabo Rojo, en Arecibo, donde sea, que nosotros tenemos el deber de levantar nuestra voz y hacer lo propio que es denunciar a la la autoridades”; señaló la líder ambientalista.