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Trabas constitucionales impiden referéndum

Sede Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey.

Hay trabas constitucionales al referéndum de los cabilderos por la estadidad, procede cancelarlo, asegura presidente de lo Jurídico de la Cámara, Orlando José Aponte.

San Juan. Más allá de la falta de fondos para su celebración, más allá de las grandes dificultades de los candidatos a conseguir endosos y de la indiferencia de la ciudadanía con el tema, el propuesto referéndum de $8.9 millones que luego rebajaron a $6.6 millones propuesto por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para el pueblo pague sus cablideros por la estadidad, hay trabas constitucionales que no permiten su celebración, asegura el representante popular Orlando José Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

En una carta enviada al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, el legislador señala que el modelo de gobierno imperante tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se basa en la separación de poderes, cuyo fin es impedir la omnipotencia. “Basado en ese principio, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le delegó a la Asamblea Legislativa el poder de convocar elecciones. Dicho poder, no puede ser transferido mediante una ley al Gobernador. En violación a dicho precepto, la pasada Asamblea Legislativa aprobó la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020. En específico, esta última tuvo el propósito de crear una elección especial para crear una llamada delegación congresional para exigir en el Congreso Federal la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos”, argumenta Aponte Rosario.

El representante señala que tan reciente como el pasado 8 de marzo de 2021, la Junta de Control Fiscal remitió una misiva al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto donde denegó una millonaria solicitud de fondos. “De hecho, en carta fechada del 5 de marzo de 2021, el Presidente de la Cámara Rafael Hernández Montañez, sostuvo que nunca fue informado de esta solicitud de fondos, en violación a la sección 204 (c) de la Ley Promesa.  

Por su parte, la Ley 167-2020 estipula que los aspirantes al cargo de delegados debían presentar su candidatura en o antes del 28 de febrero de 2021, y previo al 15 de marzo de 2020, haber presentado sobre tres mil (3,000) endosos. “Evidentemente, la fecha de presentar endosos ya culminó, y según transcurrió en la prensa del país, a la fecha de hoy, diez (10) personas entregaron los mismos y cuatro (4) no pudieron. Esto es sumado a la candidatura de Doña Myriam Ramírez de Ferrer, quien anunció que aspira mediante el método de nominación directa. En ese sentido, y por constituir un ejercicio fútil, le solicitamos que cancele la elección especial, puesto que no existen los fondos necesarios para su realización, y no se ha cumplido con lo mínimo de esta disposición”, añadió Aponte Rosario. 

El legislador expone además que “en aras del déficit que arrastra la CEE la denegatoria por parte de la Junta de Control Fiscal de los $6.6 millones solicitados para realizar la elección especial que dispone la Ley Núm. 167-2020, supra, solicitamos formalmente que tome prudencia ante la situación fiscal del país y cancele la celebración de la elección especial por ser una elección simbólica y fútil, producto de una ley inconstitucional, en la que la pasada Asamblea Legislativa delegó poderes de manera ultra vires y no representa un fin público, sino el interés de un partido político”, finalizó Aponte Rosario.

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