Cuatro complejos de apartamentos construídos con fondos federales en el oeste de Puerto Rico, específicamente en Cabo Rojo, Mayagüez, Sabana Grande e Isabela, figuran dentro de una demanda por barreras de accesibilidad y tendrán que ser modificados sustancialmente, según informó hoy el Departamento de Justicia federal.

Resulta que, los propietarios y desarrolladores de 11 complejos de viviendas multifamiliares en Puerto Rico, cuyos edificios incluyen más de 650 unidades de alquiler, acordaron  pagar un total de $ 335,000 para resolver reclamos por violación al Fair Housing Act and the Americans with Disabilities Act (Equidad de Vivienda), al construir complejos de apartamentos inaccesibles para personas con discapacidades físicas. Como parte del acuerdo, las compañías también acordaron realizar modificaciones sustanciales para eliminar las barreras de accesibilidad.

Dos órdenes de consentimiento separadas, que aún deben ser aprobadas por el Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico, resuelven las demandas del gobierno presentadas ante el tribunal junto con las órdenes de consentimiento contra los desarrolladores con sede en Puerto Rico, Fernando L. Sumaza & Co. Inc. y Star Management Corp. y sus compañías afiliadas. Según los términos de los acuerdos, los acusados ​​deben tomar amplias medidas correctivas para que los complejos sean accesibles para las personas con discapacidad. Estas acciones correctivas incluyen el reemplazo de porciones excesivamente inclinadas de las aceras, la instalación de rampas y aceras con pendientes adecuadas para permitir que las personas con discapacidad accedan a las unidades desde las aceras y áreas de estacionamiento, reemplazar los gabinetes en baños y cocinas para proporcionar espacio suficiente para los usuarios de sillas de ruedas y eliminar las barreras de accesibilidad en áreas de uso público y común en los complejos. Los demandados pagarán un total combinado de $ 325,000 para establecer dos fondos de liquidación con el propósito de compensar a las personas con discapacidades que han sido afectadas por las violaciones de accesibilidad. También se pagará una multa civil de $ 10,000 a los Estados Unidos.

“La Ley de Equidad de Vivienda y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades prohíben la discriminación por motivos de discapacidad y garantizan los derechos de las personas discapacitadas a acceder a la vivienda de su elección”, dijo en un comunicado el Fiscal General Adjunto Eric Dreiband de la División de Derechos Civiles. “El Departamento de Justicia continuará aplicando agresivamente estas leyes para garantizar que las viviendas residenciales multifamiliares se construyan con las características accesibles requeridas”.

“El acceso a una vivienda libre de discriminación es un derecho otorgado a todos los estadounidenses y es crucial para el desarrollo de nuestras comunidades”, añadió el fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico. “Este acuerdo es un ejemplo de los continuos esfuerzos de nuestra oficina para hacer cumplir las leyes contra la discriminación que protegen esos derechos”.

Las Órdenes de Consentimiento también requieren que los demandados ​​reciban capacitación sobre la Ley de Equidad de Vivienda y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para garantizar que todas las futuras construcciones de viviendas multifamiliares cumplan con estas leyes y presenten informes periódicos al Departamento de Justicia.

Los 11 complejos en cuestión fueron construidos con asistencia financiera federal para Viviendas de Bajos Ingresos u otros programas federales. Estos son:

Fernando L. Sumaza & Co., Inc. Affiliated Properties

• La Inmaculada Elderly, San Juan, PR
• Marie Gardens, Cabo Rojo, PR
• San Cristobal, San Juan, PR
• San Fernando Elderly Center, Mayagüez, PR
• Virgen del Pozo, Sabana Grande, PR

Star Management Corp. Affiliated Properties

• Florida Elderly, Florida, PR
• Isabela Elderly, Isabela, PR
• Monserrate Elderly, PR
• Morovis Elderly, PR
• Patillas Elderly, Patillas, PR
• Sunrise Elderly, San Juan, PR

En un comunicado de prensa, Fernando L. Sumaza & Co. aseguró estar comprometido con proveer vivienda asequible a personas de bajos ingresos y atender las necesidades de los residentes que tienen discapacidades.

“Durante este periodo hemos estado entendiendo y negociando los puntos señalados, algunos de los cuales se acordó que eran sin fundamento y se despacharon sin más acción. Otros sin embargo, fueron reconocidos como válidos y acordamos un plan de acción para corregirlos y se convierte en nuestra prioridad número uno. Hemos estado negociando un acuerdo durante el pasado 2019, y finalmente hemos llegado a uno. La demanda que se radica hoy; Estados Unidos vs Fernando L Sumaza & Co. Inc, et al (D.PR) incluye una solicitud de que la Corte apruebe nuestro acuerdo, y entremos en un “Consent Order”, afirmó el ingeniero Fernando Sumaza Laborde, presidente de Fernando L. Sumaza  & Company.

“Reconocemos que han habido errores involuntarios en las construcciones o renovaciones en el pasado. Hemos contratado a los mejores recursos arquitectónicos para ejecutar este tipo de mejoras, y hemos comenzado a atender los asuntos identificados en el “Consent Order”. Continuaremos trabajando para que estas y las propiedades futuras sean accesible y cumplan con las regulaciones y leyes aplicables’, aseguró Sumaza Laborde.

Aseguró que para trabajos futuros, todos los contratistas, subcontratistas y suplidores que emplee les será requerido que tomen seminarios sobre estas regulaciones. Afirmó que la compañía estará ofreciendo estos seminarios para aquellos que no tengan la pericia; y así mismo se comprometió a ser un centro de conocimiento relacionado a estas regulaciones importantes.

Fernando Sumaza and Company, continua siendo el líder en la gerencia y desarrollo de vivienda asequible en Puerto Rico.

“A través de ese proceso dificultoso, nuestro equipo ha salido más fortalecido y ha adquirido los conocimientos para seguir ejecutando como una de las compañías líderes en Puerto Rico”, concluyó el ingeniero Sumaza Laborde.