San Juan. Pese a que la Junta Fiscal federal aprobó su plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, indicó que “no le dará paso” a medidas que provoquen una carga demasiado pesada para los estudiantes y empleados, ni que trastoquen políticas institucionales, tales como la eliminación del bono de Navidad y la reducción de las pensiones.
“Nos mantenemos firmes en que es la administración de la UPR quien debe tomar las decisiones de asuntos directamente relacionados a la implementación de políticas institucionales. Esto no es negociable”, expresó Alomar.
Asimismo, insistió en que “es imperativo aumentar el fondo de becas para ayudar a más estudiantes con necesidad económica”, como se propuso en el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR. En este plan, la universidad crearía un fondo de $39 millones que sería distribuido a los estudiantes según su necesidad económica, mientras que el plan de la Junta Fiscal reduce este fondo de becas a $9 millones.
Se opuso, además, a la eliminación de casi todas las exenciones de matrícula para los estudiantes, según establece el plan aprobado por el organismo federal. “La Junta (federal) excede su autoridad al establecer guías para los desembolsos de becas. Esto es un asunto de política institucional que debe ser evaluado y establecido por la comunidad universitaria. Debemos enfatizar que todas las universidades ofrecen algún tipo de exención. Eliminarlas todas afectará el prestigio y la competitividad de nuestra institución”, recalcó.
El presidente de la Junta de Gobierno calificó como un buen paso que la Junta Fiscal expresara hoy que están abiertos al diálogo con la administración universitaria. No obstante, Alomar no descartó responder por la vía judicial, de ser necesario, para evitar la implementación de las medidas del plan aprobado por el ente fiscal, con la abstención de Ana Matosantos.
Alomar destacó que la Junta Fiscal federal también excedió su poder al incluir en su plan un modelo específico de consolidación de recintos. “Enfatizamos que esta decisión es una determinación institucional que depende de muchos factores y requerimientos académicos. Los expertos en asuntos académicos están en la UPR, no en la Junta”, afirmó. De hecho, explicó que el proceso de consolidación debe ser evaluado, planificado e informado con antelación a las agencias acreditadoras, incluyendo a la Middle States Commission on Higher Education.
En una conferencia de prensa posterior a la vista de la Junta Fiscal federal, Alomar aclaró que se continuarán ofreciendo cursos subgraduados en todos los recintos de la UPR, incluyendo la UPR en Utuado.
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