Urgen inmediata vacunación a toda población carcelaria

Centro de Detención del Oeste / Foto Graffo Management

La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rico reclama y alerta hoy sobre la necesidad de que toda la población carcelaria y todo el personal que
trabaja o brinda servicios en tales instituciones sea vacunado inmediatamente.

La población correccional en Puerto Rico se estima en unos 7,500 hombres, mujeres y menores,
quienes habitan las cárceles cumpliendo sus condenas, en espera de su juicio o en espera de otros
trámites judiciales que inciden en su libertad. Hay otras 1,000 personas que laboran diariamente
atendiendo a esta población. Aunque tal población se mantiene “aislada” de la población general
del país, no están ajenos a los contagios por el COVID-19. Así quedó probado ante los brotes
suscitados en los complejos correccionales Bayamón 501 y Ponce 636 en lo que va del año, según destaca el organismo en un comunicado de prensa.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades, reconocen que los privados de libertad en las instituciones correccionales están
expuesto a un nivel de contagio desproporcionalmente elevado debido las limitaciones para
adoptar e implementar las medidas de salubridad requeridas para prevenir el contagio, entre estas:
mantener un distanciamiento de 6 pies de distancia, el uso de mascarillas, y el uso de equipo de
limpieza constante.

Añade el CDC, que los brotes en los complejos correccionales son difíciles de
controlar debido al limitado espacio para aislar contagiados, los limitados materiales de protección
personal disponibles, las condiciones de salud de la población correccional, entre otros factores.
Este alto riesgo de contagio es compartido entre el personal que trabaja en las instituciones y los
confinados. Los contagios o brotes en estas instituciones no solo amenazan la salud de aquellos
dentro de las instituciones, sino que pueden resultar en transmisiones o contagios comunitarios. Es
por ello por lo que se recomienda que estos grupos estén entre el grupo de prioridad para recibir la
vacunación contra el virus.

Urge que el Estado tome acción inmediata y vacune a toda la población correccional y al personal
que allí labora y brinda servicios. La estrategia no debe ser la de reaccionar a los contagios o brotes
sino la de prevenirlos mediante la vacunación. Una pronta vacunación a tales grupos protegerá a
la población carcelaria como también a los familiares de aquellas personas que por razón de trabajo
visitan las cárceles.

Añadimos, aproximadamente entre un 15% a un 20% de la población penal se encuentran detenida
por no poder pagar su fianza siendo ellos forzados a esperar en la cárcel su día en corte. La
vacunación de los privados de libertad permitiría que muchos de los casos que hoy están detenidos
puedan nuevamente atenderse en los tribunales a la brevedad posible. Por consiguiente, atender
esta población con premura no solo mantiene a la comunidad segura, sino que ayuda a proteger
los derechos constitucionales de una gran parte de la población detenida.

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