Reclaman justicia por víctimas fatales de la Policía

Familiares de víctimas fatales de la Policía, junto a Kilómetro Cero, enviaron esta semana una petición a Domingo Emanuelli, secretario de Departamento de Justicia, exigiendo investigaciones especializadas, independientes y la presentación de cargos criminales a los agentes que abusaron de la fuerza letal y mataron a personas en los casos específicos de Francisco Marrero NoaHernán Monroig BarretoEdgardo Torres Gómez y Benjamin Omar Cotto. La carta surge dado que los agentes involucrados han quedado en la impunidad por sus acciones y el Estado, en muchas ocasiones, ha mantenido a las familias de las víctimas sin información sobre los detalles de las investigaciones.

La carta a Domingo Emanuelli recuenta cuatro casos de víctimas de disparos fatales por policías. Señala que la familia de Marrero Noa desconoce el progreso de la investigación, no ha tenido acceso para observar los videos del lugar, desconoce los resultados de la autopsia y no tiene información que indique que la investigación esté progresando hacia la presentación de cargos criminales. Similarmente, a más de un año de la muerte de Monroig Barreto, no ha habido progreso con la investigación criminal del oficial involucrado. Lo mismo parece ocurrir con el caso del joven luchador olímpico Benjamín Omar Cotto, quien murió en diciembre de 2020 a manos de un policía municipal de San Juan.  Por su parte, Wilfredo Torres Gómez, hermano de Edgardo Torres Gómez, guardia penal al que un policía franco de servicio mató en mayo de 2019, continúa con un gran sentido de frustración y decepción ante la impunidad en que quedó el agente que mató a su hermano.

En la carta se enfatizó: “Secretario, todos los agentes de “ley y orden” del Estado tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en conflictos sin matarlas como mataron a Francisco Marrero Noa, quien no portaba arma de fuego. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en crisis sin matarlas como mataron a Anthony Maldonado Avilés en su casa en Jayuya, frente a su madre, en febrero de 2019. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas con alguna arma blanca sin matarlas, como mataron a Hernán Monroig. Existen tanto políticas de uso de fuerza que todo policía está obligado a cumplir como protocolos importantes para fiscales que investigan casos de abuso de agentes de ley y orden”.

Existen políticas de uso de fuerza con las que todo policía está obligado a cumplir. Si no cumple rigurosamente con ella y con la Constitución, el Estado está obligado a presentarles cargos criminales. En una situación de tensión, la Policía TIENE que utilizar estrategias NO violentas para apaciguar. Su rol NO es escalar las situaciones y utilizar el arma de fuego ligera e irresponsablemente. La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente. Está obligada a hacerlo de forma: razonable, proporcional y escalonada. Se ha probado que las políticas restrictivas de uso de fuerza son vitales para salvar vidas, incluso de policías”.

La carta firmada por familiares de las víctimas y por Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, incluye tres reclamos principales:

  1. Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe realizarlas una fiscalía especializada en delitos de funcionarios de la seguridad pública o una División de Derechos Civiles robusta, como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
  2. Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
  3. Transparencia absoluta y acceso a la información.

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