“Nuestra organización, siempre ha sostenido que los fondos 9-1-1 son para el uso exclusivo de dicha Agencia y hoy más que nunca son necesarios para atender las emergencias. En la actualidad, el 9-1-1 tiene serios problemas estructurales, como la falta de una estructura sólida para enfrentar huracanes y terremotos, la falta de actualizaciones tecnológicas y de capacitación del personal y el éxodo masivo de telecomunicadores con experiencia, algo que no había ocurrido y desde que se impuso la austeridad en Puerto Rico, la infraestructura de emergencias está colapsando”, sentenció Luis M. Benítez, Presidente del gremio.

La desviación de fondos 9-1-1, quedó al descubierto el pasado 24 de abril de 2018, cuando el Comisionado de la FCC Michael O’Reily le cursó una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que cuestionó la desviación de fondos 9-1-1 hacia el fondo general, algo prohibido por legislación federal. El Comisionado O’Reily enfatizó que el uso de fondos 9-1-1 son necesarios para los sistemas de comunicación, el personal y la migración a los sistemas Next 9-1-1.

Según Benítez, “desde que esta administración llegó, nuestra Unión le expresó y le entregó a la mano al ex Secretario de la Gobernación William Villafañe, a las Comisiones del Senado y Cámara de Seguridad Pública y al Secretario del DSP Héctor Pesquera toda la evidencia contundente de malos manejos de fondos 9-1-1. Esta desviación de fondos la advertimos en todos los niveles bajo la administración de García Padilla y hemos solicitado diversas investigaciones a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor y hasta el día de hoy no se ha investigado a cabalidad. También informamos que incluir el 9-1-1 en el DSP era un grave error pues no se ha enfocado en la corrección de estos señalamientos. El resultado, ha sido un aumento significativo en el tiempo de respuesta y la falta de una respuesta adecuada a las emergencias luego del huracán María.”

La Unión también enfatizó que la pérdida de fondos durante el año 2016 sobrepasa los $243,000 reportados por el gobierno pues no se incluyó los cerca de $12 millones que se encuentran congelados por el Banco Gubernamental de Fomento los cuales no han sido devueltos al 9-1-1 luego de la liquidación de dicha institución.

Sin embargo, la mayor preocupación del gremio es el Plan Fiscal aprobado, que a juicio de la Unión, busca que se utilicen fondos 9-1-1 para otros aspectos no permitidos bajo la ley federal. Según Benítez, “el incluir al 9-1-1 en el DSP y en las reformas draconianas impuestas por la Junta, busca que esas economías se desvíen para poder cuadrar la caja y así poder pagarle a los bonistas. Esto es así, pues actualmente el Artículo 16 de la Ley 3-2017 y el artículo 4.01 de la Ley 26-2017, establecen que todo ahorro del 9-1-1 debe pasar al Departamento de Hacienda. Si este no es el caso, ¿por qué seguir imponiendo en el 9-1-1 las reformas económicas si las mismas no pueden pasar al fondo general? Es hora de que se cumpla con la Ley Federal y los fondos 9-1-1 se usen para el fin permitido por la ley y se detenga todo intento de destruir el Sistema de Emergencias por parte de la Junta y el Gobierno”.

La Unión urgió a la JSF a no considerar al 9-1-1 en sus reformas fiscales ya que las mismas entraran en detrimento del sistema de emergencia y que se permita la correcta administración de dichos fondos para cumplir con la reglamentación federal aplicable. Dicha carta, fue enviada a todos los comisionados de la FCC. Para ver la carta presione aquí.