Evalúan los retos y necesidades para implementar la Alerta Ashanti en Puerto Rico y facilitar en la Isla un mecanismo que incentive la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas entre las edades de 18 y 64 años.
El Capitolio. La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad, evaluó una medida que desea crear los mecanismos para implementar la Alerta Ashanti en Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 339, de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Edgardo Feliciano Sánchez, desea lograr implementar en el país un proyecto que facilite la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas entre las edades de 18 y 64 años.
“La idea de esta medida es salvar vidas”, mencionó el representante Feliciano Sánchez. A las palabras de Feliciano se unió la representante Burgos Muñiz, quien señaló que, con la Alerta Ashanti, Puerto Rico contará con una herramienta adicional que asista y pueda hacer la diferencia en la búsqueda exitosa de personas desaparecidas y/o secuestradas, que por su edad no cualifiquen para emitir las existentes alertas como la Amber o Silver.
En Vista Pública, el proyecto recibió el insumo de distintas agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en temas de bienestar social y seguridad pública.
El representante del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Juan García García levantó varias recomendaciones dirigidas a la sustentabilidad de la Alerta Ashanti en Puerto Rico. “El proyecto de ley, no incluye asignación de fondos para la ubicación de estos dispositivos y su mantenimiento. Para poder ubicar más carteles electrónicos en las vías públicas de nuestro país sería necesaria la asignación de fondos recurrentes para el cumplimiento cabal de su propósito”, sentenció García. También, mencionó que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tiene disponible cuatro carteles electrónicos instalados en el Expreso Baldorioty de Castro (PR-26).
De acuerdo con García, ACT contempla la instalación de varios carteles en el Expreso Las Américas (PR-18) y en la Autopista Luis A. Ferré (PR-52). Sin embargo, resaltó que el proyecto de la Cámara ordena a DTOP ubicar carteles electrónicos en las distintas vías públicas del país. “Estos dispositivos tienen un costo unitario aproximado de $175,000 y de mantenimiento mensual de $3,000”, explicó de manera preocupada.
Por otro lado, la licenciada Estrella Mar Vega, del Departamento de Seguridad Pública, a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz González, mencionó que la agencia cuenta con la capacidad de lograr implementar la Alerta Ashanti en Puerto Rico de manera satisfactoria. En temas relacionados a la viabilidad del proyecto, el representante Ortíz González también señaló que le preocupa que se cree otro protocolo más y que no se logre ejecutar de manera adecuada. El representante popular reclamó mayor apoyo por las agencias ejecutivas. “Nosotros legislamos, pero el ejecutivo tiene que ejecutar”, añadió.
La licenciada Estrella Mar Vega, a través de la ponencia del Departamento de Seguridad Pública, recomendó que se enmiende el Proyecto para que el alcance de la medida sea para casos de hombres secuestrados o desaparecidos, entre las edades, de 18 años en adelante, para evitar que exista una dualidad con la Alerta Rosa.
En respuesta a la recomendación de Mar Vega, la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana mostró preocupación sobre la posibilidad de que personas que se identifican como no binarias, intersexuales o que no se identifican como hombres o mujeres queden excluidas tras la enmienda propuesta. “Es importante exigir mayores recursos educativos para sensibilizar a la Policía de Puerto Rico sobre asuntos de personas sin hogar y personas de personas de experiencia trans”, señaló.
La Vista Pública también contó con ponencias que apoyaron el Proyecto de la Cámara 339 compartidas por representantes del Negociado de la Policía, Negociado de Telecomunicaciones, Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastre, la Fundación Stefano y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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