San Juan. Tras asegurar que sus disposiciones son contrarias a la política pública federal y estatal dirigida a evitar la manipulación de datos y estadísticas, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Dr. Mario Marazzi-Santiago, expresó ayer su oposición al Proyecto de la Cámara 1403, el cual propone la fusión del Instituto en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) con fines de externalizar sus funciones.
“Las disposiciones sobre el Instituto de Estadísticas en el P. de la C. 1403 son contrarias a la política pública federal y estatal dirigida a evitar la manipulación de datos y estadísticas, para beneficiar intereses de las administraciones de turno o de intereses privados con influencias. En fin, estas constituyen un precedente peligroso que destruyen la credibilidad de un sistema transparente, eficaz, objetivo e íntegro de recopilación de datos estadísticos para el beneficio de Puerto Rico”, expresó Marazzi-Santiago durante la presentación de su ponencia ante la Comisión Especial para la Reestructuración y Reorganización de Puerto Rico y la Comisión cameral de Gobierno.
El Director Ejecutivo del Instituto anticipó que de aprobarse y aplicarse el Plan de Reorganización al Instituto también conllevará la pérdida de fondos federales en ese organismo. Recordó que el 18 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 122-2017, con el fin de maximizar los recursos y personal de la Rama Ejecutiva mediante la transferencia, consolidación, reorganización, externalización y creación de nuevas y más eficientes estructuras gubernamentales y agencias. El Artículo 4.02 de dicha Ley dispone que “cualquier cambio a un programa o agencia conforme a esta Ley se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos federales en un programa que se utilice en Puerto Rico”.
Agregó que, igualmente, el Artículo 14 del Plan de Reorganización Núm. 1 dispone que cualquier cambio a un programa o agencia conforme a esta Ley “se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos federales en un programa que se utilice en Puerto Rico”. En el caso del Instituto, la propuesta consolidación con el DDEC y la posterior externalización garantizan el incumplimiento de Puerto Rico con los acuerdos actuales con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bajo el National Violent Death Registration System, grant competitivo federal que el Instituto ganó hace poco, afirmó el Dr. Marazzi-Santiago.
“Tenemos el deber de alertar a esta honorable Comisión para que tome las acciones correctivas y enmiende el P. de la C. 1403 de manera acorde. En específico, en conformidad con el Artículo 4.02 de la Ley Núm. 122-2017, se debe enmendar el P. de la C. 1403 eliminando el capítulo entero dedicado al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, afirmó el Dr. Marazzi-Santiago.
El Dr. Marazzi-Santiago aprovechó su participación para proponer tres cambios a través de las cuales se pudiera efectivamente alcanzar mayor independencia para el Instituto, a diferencia de las medidas desacertadas contenidas en elP. de la C. 1403. A continuación las alternativas presentadas en su ponencia:
- La Junta del Instituto cuenta con 1 miembro que es funcionario de gobierno. Esto puede limitar la independencia del Instituto. Para atender este detalle, se puede enmendar la Ley Núm. 209 para que ningún miembro de la Junta de Directores del Instituto sea funcionario de gobierno. De esa manera, se asegura la habilidad del Instituto de operar independientemente. Todos serían ciudadanos privados, sin conexión con las administraciones políticas actuales o anteriores, nominados en función de su integridad y objetividad personal y profesional, y de su preparación educativa y competencia demostrada en el uso de estadísticas, y laborarán en representación de los usuarios de los datos, y no de otros intereses.
- Eximir al Instituto de las leyes administrativas que obstaculizan su capacidad de operar independientemente de las influencias políticas y que aumentan la burocracia, sin que ello implique que el Instituto abandone, de forma alguna, las políticas de sana administración pública que han distinguido sus operaciones desde sus inicios. Esto incluye las Leyes 66-2014, 3-2017, 8-2017 y 26-2017. El Instituto debe poder designar a los expertos que considere apropiados para completar sus tareas altamente técnicas y a manejar su presupuesto asignado sin influencias políticas.
- Disponer que todos o algunos de los candidatos para la Junta del Instituto sean propuestos por asociaciones profesionales e industriales que representen estos campos de especialización en lugar de funcionarios gubernamentales.
Por otro lado, en cuanto a la auto-sustentibilidad financiera del Instituto, el Dr. Marazzi-Santiago aseguró que ya existe una proyecto de ley (P. del S. 12) ante la consideración de la Asamblea Legislativa que propone enmiendas a la Ley habilitadora del Instituto y que le facultaría y permitiría obtener una mayor porción de sus ingresos de fuentes externas al Gobierno de Puerto Rico por lo que es innecesario externalizar el sistema de estadísticas para lograr esos fines.
El Director Ejecutivo del Instituto también destacó que existe amplia y abierta oposición tanto a nivel local como a nivel federal a las disposiciones relacionadas al Instituto en el Plan de Reorganización Núm. 1 y en el P. de la C. 1403, entre los que destacó a la American Statistical Association, la asociación profesional de estadísticos más grandes del mundo, al igual que 15 congresistas demócratas y republicanos, la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, la Red de Transparencia de Puerto Rico y unas 2 mil personas que en poco más de 1 semana formalizaron su posición a través de una petición cibernética en el portal change.org (https://t.co/B4UTo5fFCZ).
“Como resultado de la referida independencia operacional y fiscal, y de las sanas políticas de administración de recursos públicos adoptadas por el Instituto desde sus inicios, el Instituto es una de muy pocas entidades gubernamentales de Puerto Rico que se caracteriza por su eficiencia y agilidad, por nunca haber incurrido en déficit presupuestario, y por rendir al máximo las asignaciones presupuestarias que recibe. Dicho de otro modo, el Instituto no forma parte del problema de burocracia, redundancia e ineficiencia que la Ley Núm. 122-2017 y el P. de la C. 1403 se proponen atender. Por el contrario, el Instituto es una entidad pública que sirve como modelo de administración pública”, concluyó el Dr. Marazzi-Santiago.
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