Washington. Ciertos Tenedores de Bonos de Obligación General (OG) de Puerto Rico han hecho una nueva propuesta a los funcionarios del Estado Libre Asociado para la reestructuración de los bonos de OG de Puerto Rico.
Según un parte de prensa emitido por la agencia PRNewswire, bajo esta nueva propuesta, los bonos de OG actuales (aproximadamente $18,000 millones en valor nominal) se intercambiarían por nuevos bonos de OG al 89% del valor nominal actual, y el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado se reduciría el servicio de la deuda en $2,900 millones en los cinco primeros años.
«Creemos que hay un importante apoyo bipartidista en Puerto Rico para esta propuesta, que da un “respiro” a los líderes del Estado Libre Asociado al diferir los pagos del capital principal y reducir las tasas de interés contractual hasta julio de 2022. Esta propuesta muestra una voluntad clara y continua de parte de los tenedores de bonos de OG de negociar con el Estado Libre Asociado, y evitar un innecesario incumplimiento del pago de la deuda de Obligación General el 1 de julio», dijo en declaraciones escritas Andrew Rosenberg, de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP, un asesor de los tenedores de bonos de OG que hicieron esta propuesta.
Se expresa el gobernador
Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla emitió un comunicado de prensa expresándose acerca de las propuestas revisadas que se intercambiaron en negociaciones directas para la restructuración de la deuda con bonistas del Estado Libre Asociado.
“Inmediatamente después de asumir el cargo, mi administración comenzó a hacerle frente a la emergencia fiscal más grave en la historia de Puerto Rico. Décadas de malas políticas fiscales y económicas, unidas a prácticas inescrupulosas de prestamistas, nos llevaron a una crisis que amenaza la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales a nuestros ciudadanos. Estos servicios no son lujos, son necesidades básicas como mantener hospitales, agua, electricidad, seguridad y educación para nuestros niños. Tomamos un paso firme para hacer frente a esta crisis y fuimos directamente a atender la raíz de nuestros problemas económicos. Optamos por no ocultar la verdad emitiendo préstamos nuevos con la esperanza de que en un futuro incierto tendríamos los recursos para pagar nuevas obligaciones”, expresó el gobernador.
Agregó que “hasta la fecha, mi administración ha puesto en marcha numerosas medidas extraordinarias que atienden los profundos problemas fiscales del Estado Libre Asociado. Estas medidas se unen a las aportaciones que los trabajadores puertorriqueños y sus familias han hecho para paliar la crisis, asumiendo ellos la mayor parte de la carga. Entre muchas otras medidas, mi administración implementó un programa de consolidación de planteles escolares, redujimos sustancialmente el gasto público y ajustamos consistentemente los gastos del Fondo General en nuestros presupuestos, incluyendo ajustes significativos dentro de un mismo año fiscal, aumentamos las aportaciones a los Sistemas de Retiro del gobierno como parte de un intento para proteger su solvencia y hasta promulgamos legislación para implementar una junta de supervisión fiscal local. Espero que nuestros acreedores comprendan que les toca a ellos poner de su parte y estar dispuestos a hacer sus propios sacrificios”.
García Padilla sostuvo que tan pronto el informe de la Dra. Anne Krueger y el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico concluyeron que la deuda de Puerto Rico es impagable, su administración implementó medidas para atender la liquidez del gobierno y emprendió un esfuerzo comprensivo para reestructurar la deuda de Puerto Rico de manera consensuada. Según sostuvo, el objetivo de este esfuerzo de reestructuración ha sido, desde el principio, reducir la deuda del Estado Libre Asociado a niveles sostenibles a largo plazo, respetando los intereses de todas las partes, incluyendo a nuestros acreedores, y distribuir la carga entre todos.
“Comenzamos las conversaciones con nuestros acreedores con un Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico que involucró sacrificios adicionales de parte de los residentes del país, al igual que nueva inversión en su futuro. Discutimos con nuestros acreedores las diferentes formas en que juntos podíamos buscar una solución sostenible a largo plazo para la crisis. Durante los últimos nueve meses, nuestros asesores tuvieron una serie de reuniones y numerosas conversaciones con nuestros acreedores y sus asesores. Hicimos varias propuestas y posteriormente revisamos de buena fe las suyas, siempre tomando en cuenta sus comentarios y recomendaciones”, apuntó.
El pasado martes, los asesores del Estado Libre Asociado presentaron una propuesta a ciertos tenedores de bonos de obligaciones generales y bonos de COFINA. Estos respondieron con contrapropuestas relacionadas a sus respectivos créditos. “Si bien apreciamos su disposición a reunirse con nosotros y discutir alternativas, hasta el momento, su conjunto de contrapropuestas no están a la altura de lo que Puerto Rico necesita para asegurar un futuro próspero. Lo que ofrecen es un alivio limitado de liquidez a corto plazo, pero no un alivio suficiente a largo plazo para que el país tenga un nivel de deuda sostenible. Estas contrapropuestas llevan a Puerto Rico a tener que sostener un servicio de deuda muy por encima de lo que otras jurisdicciones de Estados Unidos pagan, esencialmente forzando al Estado Libre Asociado a echar a la suerte su futuro, mientras se ata a una carga de deuda que ningún estado enfrenta. Dicho de otra manera, estas contrapropuestas simplemente toman los problemas económicos de hoy y los posponen para que la generación de nuestros hijos los resuelva”, expresó el gobernador.
Agregó que aunque lamenta el hecho de que hasta el momento no ha podido llegar a un acuerdo con los acreedores, sostuvo que sus mismas contrapropuestas implícitamente reconocen la necesidad de reducir la deuda del Estado Libre Asociado y la urgencia de una acción por parte del Congreso que provea las herramientas de reestructuración y protecciones que faciliten un alivio. “Mientras ciertos bonistas han optado por poner fin a las negociaciones privadas, seguimos comprometidos a continuar discusiones públicas o privadas con nuestros acreedores, siempre que haya una oportunidad real de obtener el alivio que necesitamos”, dijo.
El primer ejecutivo instó al Senado de Estados Unidos a que atienda PROMESA y así le provea a Puerto Rico los instrumentos legales para facilitar las negociaciones con los acreedores, enfocándose en una solución responsable. “Es lamentable que algunos acreedores siguen perdiendo tiempo, dinero y energía tratando de oponerse a los esfuerzos que se llevan a cabo en el Congreso. Algunos han ido tan lejos como atacar personalmente a los líderes del Congreso con campañas maliciosas en sus distritos que utilizan declaraciones engañosas e inexactas acerca de la forma en que el Congreso puede ayudar a Puerto Rico. Seguimos totalmente comprometidos en trabajar con todas las partes, incluyendo a nuestros acreedores, para lograr un resultado justo y equitativo para todos”, concluyó.
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